“Este querella entiende que no existe la posibilidad de sobreprecios y sería irresponsable avanzar en una acusación”, aseguró en el inicio de los alegatos

Después de sus últimas apariciones públicas en clave política, Cristina Kirchner participa hoy en una audiencia judicial: desde las 9:30 horas está presente en el juicio oral en la que está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que de manera irregular le dio obra pública al empresario Lázaro Báez. Se trata del inicio de los alegatos -la etapa en la que las partes piden condenadas o absoluciones- a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo de gobierno que actúa como querellante en la causa.

La presencia de la vicepresidenta no es en los tribunales de Comodoro Py, sino por videoconferencia, la modalidad en la que se desarrolla el juicio. Desde temprano está conectada por la plataforma Zoom.

Los 13 acusados tienen que estar presentes en esta etapa del juicio. Alberto Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, le confirmó a Infobae que estará hoy en la audiencia. “Si no hay ningún imprevisto en su agenda como vicepresidenta se conectará. Y estará en las audiencias de alegatos de los acusadores”, adelantó Beraldi. Ese implica que Cristina estará en la exposición de la UIF -que tiene tres audiencias, hoy, mañana y el viernes- y en las nueve del fiscal federal Diego Luciani, que iniciará sus alegatos el 1 de agosto, si no media ningún impedimento y si el tribunal la autoriza a ausentarse. Los alegatos de hoy los debía comenzar la Oficina Anticorrupción pero se retiró del juicio cuando finalizó la declaración de los testigos.

Cristina Kirchner estuvo presente en el juicio en su comienzo, en mayo de 2019, para la lectura de la acusación y para su indagatoria. “Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, declaró Cristina Kirchner el 2 de diciembre de 2019, pocos días antes de asumir como vicepresidenta. Luego, el tribunal autorizó a los acusados a no asistir a la declaración de los testigos, etapa que finalizó a medidos de junio pasado y ahora para los alegatos deben volver a presentarse. La ley establece que en un juicio los imputados tiene que estar para escuchar la acusación, para su indagatoria, los alegatos, las últimas palabras y el veredicto.

No es la primera vez que la vicepresidenta tiene una videoconferencia judicial. Ya lo hizo el 4 de marzo de 2021 cuando reclamó ante la Cámara Federal de Casación Penal su sobreseimiento en la causa de dólar futuro, lo que finalmente ocurrió.

En sus últimos discursos de Chaco, en YPY, Avellaneda y Ensenada, Cristina Kirchner tuvo la centralidad por las definiciones políticas que dejó. Hoy en la audiencia también la tiene por ser la vicepresidenta, por su peso político y por ser la principal acusada pero no tiene que exponer. La audiencia es para escuchar el inicio de los alegatos de la UIF, a cargo del abogado Diego Duarte. La UIF es un organismo del gobierno nacional por lo que hay mucha expectativa de qué postura tendrá en esta etapa del juicio: si entiende que hubo delito y su acusará a la vicepresidenta y al resto de los imputados o solo a algunos y descarta que Cristina Kirchner haya cometido algún delito. En los últimos días hubo muchos rumores de lo que hará la UIF.

El organismo tiene tres audiencias para sus alegatos pero puede utilizar menos. Hace dos semanas la UIF pidió postergar el inicio para el 1 o el 16 de agosto ya que por la complejidad y voluminosidad de la causa necesitaba más tiempo para su trabajo. Pero los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso rechazaron el pedido. Explicaron que el comienzo de los alegatos fue informado el 3 de junio, con más de un mes de anticipación para que las partes tengan tiempo de prepararlo.

Junto con Cristina Kirchner hoy también están los otros 12 acusados: Báez; Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. La acusación es por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta.

Infobae pudo saber de fuentes judiciales que ninguno de ellos pidió autorización para no asistir a esta etapa del juicio. Lo que de todas formas pueden presentar hoy mismo. Algunos de ellos, como Fatala, Periotti y Daurich estuvieron en la mayoría de las audiencias del juicio.

Lo que se juzga son las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que desde 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, recibieron las empresas de Báez para la provincia de Santa Cruz. Entre ellas, sobreprecios, el pago total de la obra cuando muchas no habían finalizado y falta de antecedentes y capacidad de las compañías para realizarlas.

En el juicio declaró como testigo el presidente Alberto Fernández, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y Juan Manuel Abal Medina, todos los jefes de Gabinete de 2003 a 2015. También lo hicieron dirigentes de la oposición como Margarita Stolbizer y Javier Iguacel, el primer director de Vialidad Nacional del gobierno de Mauricio Macri quien en 2016 presentó la denuncia que dio lugar al juicio oral. También lo hicieron los peritos oficiales que concluyeron que en la concesión de las obras hubo irregularidades y la de parte de las defensas que las rechazó.

Las defensas de Cristina Kirchner y de otros acusados hicieron distintas objeciones a la investigación y al juicio que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal rechazó hace tres semanas todos los planteos y así el juicio quedó libre de posibles obstáculos hasta su finalización.

La hoja de ruta que trazó el tribunal es que antes de fin de año haya veredicto para alejarlo del 2023, año de elecciones presidenciales, y que no haya ninguna especulación política en su decisión. Para acelerar los tiempos, el tribunal fijó un día más de audiencias desde esta semana. Después de los alegatos de la UIF y la Fiscalía será el turno de las 13 defensas. Cada una tendrá tres audiencias para exponer sus argumentos. La primera en hacerlo será la de Báez. La de Cristina Kirchner es la sexta.

Este es el primer juicio que afronta la vicepresidenta. Fue elevada a esa instancia en otros cuatro. En los casos de la firma del memorándum de entendimiento con Irán, de dólar futuro y “Hotesur-Los Sauces” fue sobreseída sin que se haga el juicio. Esos decisiones están apeladas para ser revisadas. El memorándum con Irán y “Hotesur-Los Sauces” están en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Y la de dólar futuro en la Corte Suprema. El quinto juicio es por los llamados “cuadernos del corrupción” que espera fecha de inicio en el Tribunal Oral Federal 7.

Los alegatos de hoy se iniciaron con una caso que generó preocupación en la última semana. Se conoció que desconocidos ingresaron a la Oficina de declaraciones juradas del Consejo de la Magistratura de la Nación. Allí fueron abiertos los anexos reservados -con información de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y direcciones de domicilios- de 24 jueces y funcionarios y manipulados los de otros nueve. Entre los sobres abiertos están los de Gorini, Giménez Uriburu y Basso, los tres magistrados del tribunal que juzga el caso de la obra pública. Hay una causa judicial abierta que investiga el caso.